El Gobierno y el relativismo moral
Artículo de opinión
Itzel Velásquez
23/04/07
Una nueva clase de políticos está surgiendo en Panamá. Y me atrevo a calificarlos de “relativistas” pues, tal como adivino (no hay otra manera de comprobarlo), han decidido convertirse en un enigma nacional ya que resulta sumamente complejo reconocerlos, entenderlos o definirlos. La imprecisión es la norma que los rige y de ella se valen para que nada parezca lo que realmente es.
Los sociólogos los definen como pragmáticos o relativistas morales, pues ellos mismos deciden lo que está bien o mal dependiendo de las circunstancias. Promueven una sociedad relativista donde no existen códigos morales permanentes de conducta a los cuales aferrarse y cada cual vela sólo por sus propios intereses y necesidades. Son erróneamente llamados “gente bien” y se mueven con acierto en el mundo libre y democrático. Poseen costumbres respetables pese a que se ciernen sobre algunos de estos políticos enormes sospechas. Aún así, nadie -en su sano juicio- los acusa de nada.
Felizmente para ellos todo está cabeza abajo en el país. Además, le cargan a la sociedad todas las culpas de lo que hacen o dejan de hacer. ¡Y ni modo de llevar a la nación entera al banquillo de los acusados! Para ellos todo es tan “relativo”... pues siempre hay alguien que lo ha hecho o lo hace aún peor. Sin embargo, ciertas características los distinguen: están en el poder, son expertos simuladores y practican el relativismo moral.
En su ensayo “Etica y normatividad”, del mexicano Raúl Cadena Cepeda, se analiza la importancia de la ética y la moral como disciplinas normativas. El autor explica que en toda sociedad existen dos extremos, el relativismo moral y el absolutismo moral, ambos igualmente dañinos. El absolutismo moral lo imponen los regímenes autoritarios a través de las instituciones controlando férreamente desde arriba a las personas. Pero el más difícil de reconocer es el primero, pues según Cepeda los gobiernos que la practican “fingen” el cumplimiento de la ley y alteran sutilmente los códigos morales o éticos, y que con esta forma de proceder pueden conducir a las masas hacia el anarquismo, no en el sentido de la negación de la autoridad, pero si en el caos que crea.
Partiendo de estas premisas, la crisis ética que ha generado el nombramiento de Carlos Vallarino como nuevo Contralor General de la República, debido a que tan sólo unas horas antes de su designación había sido el Ministro de Economía y Finanzas del gobierno, jefe de campaña del mandatario y ex ministro de Obras Públicas. ¿Puede garantizarnos la independencia que requiere el cargo de contralor? No puede porque lo ocurrido es la expresión nacional de una “moral relativista” en donde los políticos en el poder se sirven descaradamente de las limitaciones de las normas, las leyes y los reglamentos para dejar pasar soterradamente las mil caras de la corrupción, para mutilar la independencia del órgano fiscalizador y flagelar la moral pública.
En otras palabras, la decisión del gobierno limitó la independencia de la CGR. Y lo hizo sin violar abiertamente ninguna ley pero imponiendo el relativismo moral para “ajustar” la interpretación política de la Constitución a sus intereses, tal como quedó demostrado durante la línea de argumentaciones exhibida por el PRD en el pleno de la Asamblea durante la votación que le dio el triunfo a Vallarino.
Escuchar a los diputados defender la postura oficial como si supieran incluso aquello que Sócrates decía no saber, con sus cargas de alabanzas, glorificándose a ellos mismos, me hizo recordar a Niestzche cuando, refiriéndose a las naciones europeas, decía: La moral de hoy [Europa] es la moral del rebaño. En Panamá se aplicaría a una moral atrapada en anárquicas interpretaciones de la leyes en un sistema asfixiado y viciado por los abusos democráticos. Venezuela es un claro ejemplo de qué tanto pueden los políticos en el poder “estirar” en democracia la cuerda de las leyes sin romperlas.
Conciente de esta realidad el gobierno de Torrijos viene estrenando una expresión pura y dura al mejor estilo de la Machtpolitik (política de poder), y que aleja al mandatario de aquella “cara bonachona”, pálida y benévola que tenía durante la campaña pasada y que tanto éxito le reportó. La cara oculta del poder está ahora congelando las reacciones ciudadanas frente a los desastres de estos últimos meses en materia de salud, transporte y justicia. La estrategia consiste en aparentar interés en resolver estos temas con proyectos legales que son una amalgama de acertijos y enredos normativos.
El nombramiento de Vallarino en la CGR se suma a estos problemas, pues a pesar de que su ratificación fue relativizada por la bancada oficialista en la Asamblea, el debate no abarcó lo absolutamente esencial para garantizarnos lo principal: la independencia del Ejecutivo para un control eficaz y no “simulado” de las finanzas estatales.
